SITUACIÓN ACTUAL: La mayoría de
los policías provienen de estratos sociales bajos y medios; tienen escaso
ascenso o movilidad social; habitan en viviendas precarias, propias o
alquiladas; sufren una sobrecarga horaria de trabajo, y en un 90% de las
jurisdicciones no cobran por las horas extras o recargos de servicios, en un
ambiente laboral complicado, sin los medios idóneos ni adecuados; perciben
salarios insuficientes; realizan un trabajo riesgoso, normalmente sin
protocolos, no son valorados socialmente, son violentados por el sistema político de turno, etc.
Dado que –generalmente– el trabajo
policial es la opción a la falta de oferta laboral, son los trabajadores de
capas más vulnerables y con formación mínima los que se integran a la fuerza
policial. A pesar del período de democracia, han pasado más de treinta y nueve
años desde la primera solicitud hecha el 10 de diciembre de 1983 y estos
ciudadanos aún esperan respuesta. Será menester modernizarse y salir de
estructuras verticalistas, propias de épocas pasadas, de obediencias ciega a
sus superiores por falta de un ámbito donde hacer valer los derechos.
Los trabajadores de las fuerzas de
seguridad, policías y penitenciaria realizan una actividad lícita y el Estado
tiene que brindar condiciones de vida y de trabajo dignas de las que –hoy– no
gozan. Por lo cual, el
derecho a la sindicalización a los integrantes de estas fuerzas constituye un
derecho humano básico que los equipara al resto de los trabajadores.
En el mundo, sindicalizar es democratizar las policías. Las distintas
fuerzas policiales y de seguridad de Argentina reclaman una brisa democrática,
de rescate, para reivindicar los derechos laborales de un colectivo olvidado, por un futuro con
derechos, como cualquier otro trabajador. Es tiempo de darnos cuenta que los policías
son humanos con necesidades como cualquier otro, y que tienen el mayor riesgo en el ejercicio
de sus funciones, sin romantizar su trabajo. El problema no es el conflicto que
se genera en distintas provincias, año tras año, sino las vías para resolverlo.
En general, los trabajadores uniformados en Argentina desarrollan sus
tareas en circunstancias laborales precarias, altamente deterioradas que
resultan inadmisibles para cualquier otro empleo público o privado. En el
ámbito policial, existen diversas condiciones de precariedad laboral que no son
compartidas por ningún otro grupo de trabajadores de la administración pública,
a saber:
1. Tienen salarios nominales y
reales muy bajos, insuficientes para mantener mínimamente a sus familias sin
necesidad de recurrir al doble empleo mediante la prestación de servicios de
“policía adicional”, de seguridad privada o cualquier otra “changa”,
generalmente desarrollada “en negro”. Los retirados poseen una movilidad de traslado dinerario absurda y obsoleta a los nuevos tiempos, ya que el dinero con que se pagan a nuestros retirados y pensionados es de las arcas del Estado Provincial, no Nacional como intentan hacerles creer los políticos de la Provincia.
2. Trabajan en condiciones
materiales y de infraestructura muy deterioradas derivadas de presupuestos
insuficientes, deficiencias edilicias de las dependencias policiales, con
una insuficiente flota de vehículos y
móviles policiales, atraso tecnológico del sistema de comunicaciones y/o el
vetusto, exiguo e inadecuado armamento y equipamiento de investigación
utilizado, para la lucha contra el crimen y prevención del delito.
3. Reciben una educación
profesional discrecional en cada ámbito, deficiente, articulada básicamente en torno del
entrenamiento disciplinario de orden cerrado, en el que lo único que vale es la
sumisión ciega al superior en desmedro del discernimiento responsable. No se
pone el mismo énfasis en los conocimientos y destrezas prácticas, ni en la
adquisición de competencias profesionales que sirvan de base para los ascensos
jerárquicos o la ocupación de cargos orgánicos. Para los políticos un Policía capacitado o altamente profesional es un riesgo para la actual estructura de conductores políticos de la Provincia, donde tenemos un Ministerio lleno de cargos, contratos y gente civil de otras areas y al retirado se lo puede convocar con el 45% de su salario inicial. Lograron deteriorar el espíritu trajando sobre la dignidad humana y las necesidades de salarios deprimentes.
4. Los activos tienen vedado agremiarse en
sindicatos o asociaciones profesionales abocadas a la defensa de sus derechos
profesionales por cuestiones políticas arbitrarias. Argentina - Mendoza criminaliza al policía pensante que quiere tener derechos y mejorar su situación, a pesar que el mundo dice lo contrario y apuesta al cambio.
En nuestro país, estas condiciones
de precarización laboral han sido sistemáticamente encubiertas u opacadas por
un conjunto de actores que, por diferentes razones, incidieron eficazmente en
su invisibilización social y política.
